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El discurso sobre las "pandillas latinas" en la prensa espanola y su impacto en la respuesta politico-criminal.

Introducción

Aprobada en finales de diciembre de 1999, la Ley Orgánica 5/2000, conocida como LORPM, proponía la regulación penal de actos desviados cometidos por menores. Dicha norma legal, puso fin a un largo período de negociación política y representó, como afirma Giménez Salinas (1999, p. 137), el colmo de un amplio consenso político.

Antes de la vigencia de la LORPM, la situación penal de los menores era regulada por la Ley de Tribunales Tutelares, de 1948, lo que requirió, sobretodo posterior a la publicación de la Constitución Española (CE) en 1978 y con el adviento de Código Penal (LO 10/1995 de 23 de noviembre), esfuerzos del Tribunal Constitucional para adaptar la aplicación de una ley del franquismo al marco de normalidad democrática.

Así, de una u otra manera, la Ley del Menor representó un importante paso para la consolidación de la reciente democracia española. En líneas generales, la LORPM: a) creó un marco de responsabilidad penal para jóvenes (1); b) primaba por la reinserción social del joven infractor, según establece el Art. 25.2 de la CE y como orientan la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos; c) priorizaba sanciones socioeducativas, aunque sin excluir penas y medidas cautelares comunes al Derecho penal de adultos: d) fijó la mayoridad y minoridad de edad penal, en 18 y 14 años, respectivamente; e) f) permitía, en algunas ocasiones, la aplicación de la ley de menores a jóvenes comprendidos entre los 18 y 21 años; g) por priorizar el interés superior de los menores, eliminaba la participación privada de los perjudicados, por entender que éstos siempre abogan en retribución del daño y no con base en principios racionales.

En los meses anteriores a la entrada en vigor de la LORPM, y al inicio de su aplicación legal, se produjeron varios casos delictivos graves, cometidos por menores, que produjeron gran impacto en la opinión pública española. Como expone Peres-Neto (2007), el tratamiento de estos casos en los medios no sólo fue cuantitativamente extenso, sino que conoció, cualitativamente, un único discurso: la Ley del Menor era demasiado blanda, benévola para con los menores delincuentes, por lo que era necesario modificar -- endurecer -- la ley. Un mensaje que fue aceptado por la totalidad de los grupos políticos con representación parlamentaria.

Como resultado de éste proceso, han sido promovidas varias reformas en la Ley del Menor (LO 7/2000, LO 9/ 2000, LO 15/2003, LO 8/2006) que han destrozado sus principios originarios. En efecto, en su versión actual, el internamiento puede llegar a los ocho años, las medidas educativas no pueden aplicarse a sujetos de 18 a 21 años (después de sucesivas suspensiones de esta posibilidad) y se permite la acusación privada por las víctimas, cuyo interés en el proceso, obviamente, no es defender el interés educativo del menor.

Es interesante destacar que las dos primeras reformas se producen antes de que la Ley entre en vigor, es decir, se renuncia a priori a comprobar los efectos reales de su aplicación. Igualmente queremos destacar que este paroxismo legislativo (cuatro reformas en seis años), se basa en la producción de algunos casos aislados de delitos especialmente brutales que no reflejan la realidad de la delincuencia juvenil. En efecto, Fernández Molina y Rechea Alberola (2006) comprobaron que en el período entre 2000 y 2006, no hubo ningún alza significativo en los datos sobre la delincuencia juvenil; además, según las citadas autoras, los datos oficiales están dentro de los parámetros internacionalmente considerados aceptables. Sin embargo, la desmesura mediática - al tratar con una excesiva espetacularización determinados casos - ha sido suficiente para no esperar a comprobar si la opción educativa de la LRPM original era o no acertada.

Específicamente, en este trabajo, nos centraremos en el contenido de la última reforma legislativa en la LORPM, LO 8/2006 de 08 de diciembre que, entre otras cosas, determina la imposición de medidas privativas de libertad a aquellos jóvenes que cometan delitos en grupo, pertenezcan o actúen en nombre de una banda, organización o asociación, como posible respuesta política a una demanda mediática, consecuencia del agendamiento temático (2) del trinomio: bandas juveniles-delincuencia-inmigración.

Pandillas juveniles en España y en Cataluña

En España, el fenómeno de la violencia de organizaciones juveniles no es algo nuevo, pero la llegada masiva de inmigrantes latinoamericanos a partir del año 2000 ha generado un nuevo tipo de organizaciones juveniles de la calle, que han sido denominadas de varias formas: 'bandas latinas', organizaciones juveniles de carácter violento, naciones o simplemente pandillas. En las últimas dos décadas la violencia juvenil en España estaba asociada a organizaciones juveniles como los grupos antisistema de ultraderecha (Skin Heads y neoazis) y de ultra izquierda (Red Skins y anarquistas), a los grupos con reivindicaciones independentistas (como los que promueven la violencia callejera en el País Vasco), o a los grupos violentos que se organizan alrededor de algunos equipos de fútbol.

Esta violencia juvenil continúa estando presente, y despierta una importante preocupación social, pero han aparecido nuevos actores a los que se les vincula, muchas veces de manera injustificada, con la violencia y con actividades delictivas. Estas nuevas organizaciones (como los Latin Kings, Ñetas, Dominicans Don't Play, entre otras) tienen características y orientaciones muy distintas, pero lo que tienen en común es que en su gran mayoría están integradas por jóvenes que han nacido en países de América Latina y el Caribe. Pero aunque el fenómeno de las denominadas 'bandas latinas' tiene una cara predominantemente latinoamericana, jóvenes españoles y de otras nacionalidades europeas y africanas progresivamente se han ido integrando a estos grupos.

Algunos miembros de las denominadas 'bandas latinas' han protagonizado acciones violentas y actividades delictivas, por lo que desde ciertos sectores sociales se han estigmatizado ciertos comportamientos, formas de vestir y de hablar, y hasta gustos musicales que son comunes a muchos jóvenes latinoamericanos. Y con esto se corre el riesgo de discriminar a amplios sectores de la juventud latinoamericana que ha emigrado a España, lo que puede generar una situación de conflictividad social muy difícil de solventar, como demuestran los recientes episodios de violencia urbana en los suburbios de París.

En este contexto, hoy se comienzan a delinear en España dos formas de aproximarse al fenómeno de estas nuevas organizaciones juveniles de la calle que han surgido recientemente. Por un lado, encontramos una opción orientada más a la represión que a la prevención, mientras por otro lado se busca un proceso de normalización e integración de los grupos de jóvenes latinoamericanos en la sociedad española. La primera opción es bastante conocida en Centroamérica, donde ha sido llevada al extremo con las políticas de 'mano dura' en El Salvador y que ya han demostrado su fracaso. La segunda opción, conocida como 'proceso de Barcelona', es una aproximación novedosa que implica la actuación conjunta y el diálogo entre los grupos juveniles, las autoridades municipales, la policía, los académicos y otros grupos de la sociedad civil, a fin de promover la paz entre las denominadas 'bandas latinas' y lograr su transformación en agrupaciones juveniles reconocidas y apoyadas oficialmente (3). Las autoridades de la ciudad de Barcelona decidieron abordar el fenómeno desde una perspectiva global y que permitiera la actuación coordinada de diversos sectores; cabe destacar que este modelo esta siendo aplicado con éxito en varias ciudades de Italia y Ecuador.

Medios de comunicación, inmigración y exclusión social

"Un número considerable de inmigrantes, favorece la delincuencia" (4). Con estas palabras, el entonces Ministro del Interior Mariano Rajoy, identificaba algunos supuestos que él consideraba alarmantes ante el "fenómeno inmigratorio" en 2002. Anteriormente, el todavía presidente del Gobierno, José María Aznar, había declarado ante el Pleno del Congreso de los Diputados que 85% de los presos provisionales eran extranjeros, frente a los menos de 46% que señalaba en propio Ministerio del Interior. Ambas afirmaciones, descontextualizadas y muy poco matizadas, operan con el arquetipo de que quién delinque es siempre el otro, el extranjero, cómo eternizó - en la ficción - Albert Camus.

En 2003, cuando la existencia de dos organizaciones juveniles de la calle, los Latin Kings y los Ñetas, comenzó a ser ampliamente reportada por los noticiarios y los periódicos españoles, se denominó al fenómeno como de la nuevas "bandas latinas". Al igual que sucedió en varios países latinoamericanos con la aparición mediática de las pandillas centroamericanas conocidas popularmente como maras (sobre todo de la Mara Salvatrucha y la Pandilla de la Calle 18), el tema de las "bandas latinas" rápidamente fue abordado desde una óptica de "nota roja", y fue utilizado políticamente por algunos sectores sociales para vincular la creciente inmigración latinoamericana con un incremento de la inseguridad. Es verdad que algunos de los jóvenes latinoamericanos que llegaron recientemente a España se han visto involucrados en fenómenos de delincuencia y violencia, y que algunos enfrentamientos entre grupos de jóvenes desgraciadamente han dado como resultado la muerte de algunas personas (5). Pero también es verdad que "el fantasma" de las bandas/pandillas ha sido impulsado por diversos medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones de policía, asociaciones de padres, entre otros grupos, para solicitar medidas más duras contra una inmigración que se percibe "desborda" la capacidad de recepción e integración del conjunto de la sociedad española.

El fenómeno de la inmigración ha pasado a ocupar un lugar central en los temas que los ciudadanos consideran como preocupantes y que deben ser atendidos por las autoridades. Si tomamos los datos recabados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre enero de 2001 y julio de 2008, es evidente que la inmigración se ha venido situando dentro de las preocupaciones sociales centrales de la ciudadanía española, junto con el terrorismo, el desempleo y, desde 2006, el acceso a la vivienda. Incluso, desde enero de 2006 y hasta antes de los atentados del grupo terrorista ETA en el aeropuerto de Madrid el 30 de diciembre de ese año, la inmigración fue considerada el segundo problema en importancia, solamente por detrás del desempleo (Véase Gráfico 1).

Aunque algunos ciudadanos consideran que la migración trae consigo violencia, inseguridad y problemas, las cifras oficiales de la delincuencia en Cataluña reflejan una realidad distinta. El mundo en que inevitablemente inmigración y delincuencia están estrechamente vinculadas es más imaginario que real. Según la Dirección de Justicia Juvenil del Gobierno de Cataluña, de los 7 mil jóvenes de entre 14-18 años que se encontraban en el circuito penal catalán, en 2006, por cometer algún delito, los extranjeros representaban el 24%, y de éstos los latinoamericanos solamente eran el 6%, es decir solamente 420. De estos jóvenes, la mayoría son ecuatorianos, dominicanos y colombianos, ya que son precisamente estas nacionalidades latinoamericanas las mayoritarias en Cataluña. Es muy probable que la situación sea equiparable en el resto de España. No obstante, sí hay dos datos preocupantes que se desprenden de las cifras oficiales: por un lado los jóvenes latinoamericanos son los que cometen los delitos más violentos y por otro, son los que cometen su primer delito a una edad más temprana (la media latinoamericana es de 14 años, mientras que la media española es de 16 años) (6).

Sin embargo, para criterios de construcción de las noticias, los delitos graves son los que más despiertan el interés mediático (Graber, 1980). Así entendido, si observamos que los datos que disponemos indican que esos delitos, entre los menores son mayoritariamente cometidos por latinoamericanos, el consumidor de los mensajes mediáticos tendrá la sensación que la realidad criminal, en su totalidad, está dominada por jóvenes latinoamericanos.

A su vez, los jóvenes latinoamericanos que han llegado recientemente a España son enormemente vulnerables a los retos que supone adaptarse a un nuevo país. Estos jóvenes se enfrentan también a una triple crisis al intentar integrarse a un nuevo contexto social: la propia de la adolescencia, la de una familia transcontinental rota y la del vacío interno y familiar que genera la emigración (Feixa, 2006). Muchos de estos jóvenes van a enfrentarse a la realidad de la soledad (los padres están todo el día trabajando y la red familiar se ha quedado en el país de origen), a una forma distinta de entender el espacio público y las relaciones sociales, a una dinámica escolar más demandante (que muchas veces genera el propio fracaso escolar) y también al rechazo que en algunos sectores sociales produce su color de piel o su forma de hablar. En este contexto, no es extraño que algunos de estos jóvenes busquen a otros que estén en situación similar. Y que los que han tenido una vinculación previa con organizaciones de la calle (ya sea que se denominen como pandillas, naciones, barrios o gangas) recurran a reproducir localmente esas formas de organización que les permiten una reafirmación identitaria (7) y establecer mecanismos de solidaridad grupal.

Estudio Empírico

Partiendo de la idea del efecto social de los medios, específicamente, aceptando la validez teórica y epistemológica de la teoría del agenda-setting (McCOMBS, 2006), trabajamos con su segundo nivel (análisis de contenido) para estudiar la transferencia de relevancia de la agenda mediática hacia la agenda pública y posterior incorporación de pautas en la agenda política, como definen Dearing y Rogers (1996). Cabe matizar que los medios de comunicación no son el único factor que afecta a la construcción de la agenda política, pero dada su importancia, nos centraremos únicamente en esta variable. Conforme hemos explicado en la introducción, centramos nuestro análisis en la LO 8/2006 de 4 de diciembre, que reforma la LORPM, determinando la imposición de medidas privativas de libertad a aquellos jóvenes que cometan delitos en grupo, pertenezcan o actúen en nombre de una banda, organización o asociación. Suponemos que parte de esta determinación ha sido elaborada planeando incidir sobre el colectivo de organizaciones juveniles de la calle, tales como las bandas o pandillas latinas. Así, hemos seleccionado dos bloques de textos que fueran analizados. El primero, está constituido por noticias publicadas, a lo largo de 2006, sobre las bandas juveniles latinas y sobre la Ley del Menor y, a su vez, el segundo bloque de textos incluye discursos político-jurídicos colectados a partir del trabajo legislativo.

[GRAFICO 1 OMITIR]

Para la realización del estudio, hemos empleado la perspectiva del análisis crítico del discurso (Van Dijk, 2003) y las herramientas de la Pragmática. Más que buscar una relación causal entre los discursos mediáticos y la producción legislativa, buscamos encontrar los argumentos retóricos presentes en ambas esferas discursivas a fin de corroborar o no nuestra hipótesis de que los medios de comunicación han impulsado un proceso de "criminalización" de las pandillas latinas juveniles, lo que fue incorporado en la última reforma promovida en la LORPM. Además, para comprobar la expansión del Derecho penal de menores, es decir, de la pérdida de libertades y la renuncia de principios socioeducativos en la justicia de menores, dando paso a una política neoretribucionista en detrimento del modelo político criminal garantista (8), buscamos en los análisis encontrar elementos políticos penales que definan las tesis ideológicas presentes en los textos de los dos esferas estudiadas.

La comparación del discurso mediático con las teorías político criminales podría resultar discutible si se tomara como único anclaje el debate teórico (ideológico), entre modelos de política criminal. Sin embargo, el modelo Garantísta está legitimado por principios, valores y derechos presentes en la Constitución Española que no son discutibles en cuanto a su vigencia - aunque puedan ser debatidos en cuanto a su alcance democrático y cómo se aplican. En este sentido, cabe matizar que
   Las constituciones, en mi opinión, no son pactos
   suscritos o compartidos por la totalidad del pueblo
   como expresiones de una supuesta unidad o voluntad,
   que es en el mejor de los casos una tesis ideológica
   y en el peor una afirmación antiliberal; son
   más bien pactos de no agresión (por medio de la
   estipulación de los derechos de libertad) y de solidariedad
   (mediante la estipulación de los derechos
   sociales), tanto más necesarios cuanto más política
   y culturalmente diversos y virtualmente en conflicto
   sean los sujetos cuya pacífica convivencia se
   pretende garantizar. Ferrajoli (2006, p. 109)


Así, siguiendo el análisis crítico del discurso, centraremos la perspectiva crítica de nuestros análisis en 5 puntos conflictivos que desarrollamos a partir de algunos principios de la Constitución Española (CE): 1 la libertad debe ser la regla general (Artículo 1.1 de la CE) y, por lo tanto, las medidas de privación de libertad sólo deben ser aplicadas en última instancia; 2 Las garantías derivadas de la presunción de inocencia (Art. 24.2 de la CE); 3) La orientación a la resocialización y reinserción de las penas (Art. 25.2); 4) Las víctimas no pueden ser protagonistas de los procesos penales porque son parte interesada. Por eso, la titularidad del castigo, el monopolio legítimo de la violencia (ius puniendi) corresponde al Estado y no a ninguna de las partes implicadas en un proceso penal; 5) La carga punitiva del Derecho penal incide sobre hechos que transgredan los límites fijados en el Código penal y no puede incidir sobre él individuo, es decir, se debe punir por algún hecho cometido y no por lo que venga a "ser" él autor del delito.

Hemos limitado nuestra muestra mediática a la prensa escrita, por entender que ésta aún es el medio que más influencia las élites políticas. Los textos han sido seleccionados de un corpus compuesto por los siguientes periódicos: La Vanguardia, El País, ABC, El Mundo y El Periódico de Cataluña. En un primer vaciado, encontramos 117 piezas que cumplían con nuestros requisitos. Analíticamente, hemos extraído una macroproposición de cada un de esos textos. A su vez, analizamos los anteproyectos para la reforma de la LORPM, así como el Proyecto de Ley, las propuestas de enmiendas, los discursos ante al Pleno (tanto del Congreso como del Senado) y, especialmente, el texto final de la que sería la LO 8/2006 de 4 de diciembre.

Resultados

En su totalidad, los textos periodísticos analizados operan la construcción de noticias sobre las denominadas bandas latinas inexorablemente a partir de arquetipos y tópicos, asociados a la figura delictiva o criminal. A lo largo del período estudiado, las noticias en los meses de enero y febrero de 2006 dan cuente de fenómenos delictivos en los que estarían implicados miembros de "pandillas latinas". Algunos ejemplos y sus análisis:

A la caza de las bandas de menores (...) - En Madrid actúan fundamentalmente tres grupos de delincuentes juveniles. Los primeros son los queque participan en atracos a ciudadanos que caminan por la calle o que viajan en sus coches. Viven con sus familias, pero aprovechan sus faltas a clase y cualquier momento libre para delinquir. La segunda división es la de menores no acompañados. Son extranjeros, especialmente marroquíes que viven de forma miserable en la zona centro de la ciudad o en Latina. Muchos de ellos son detenidos, pero si no cometen delitos graves son internados en centros abiertos de los que salen, gracias a la Ley del Menor, con total libertad a cometer el siguiente delito. Por otra parte, están las bandas latinas, latin kings, dominican don't play y latinos de fuego. (El Mundo, 16/01/2006)

De entrada, vemos en este fragmento no sólo la asociación de la idea de inmigración con delincuencia sino que, además, hay una acusación explicita de que determinados grupos juveniles son organizaciones criminales. Se viola la presunción de inocencia, se aboga por la inocuización de los jóvenes delincuentes, en una crítica infundada a la Ley del Menor.

No todos los delitos graves tienen que ser condenados a la privación de libertad. Se trabaja la idea de que el que comete un acto delictivo siempre lo cometerá, abogando a favor de un Derecho penal de autor y en contra de la resocialización.

Los Mossos se han apoyado en el relato de la víctima, que en todo momento mantuvo que quienes le atacaron eran miembros de una banda latina, y han iniciado las investigaciones para encontrar a los culpables en el entorno de las pandillas latinas asentadas en el área metropolitana de Barcelona. (La Vanguardia, 27/01/06)

El protagonismo de la víctima elimina la posibilidad de la realización de un trato justo y equilibrado a las fuentes de información, rompiendo con los dictámenes de los códigos éticos-periodísticos. Además de la omisión de las demás partes, se viola la presunción de inocencia y se presupone (explícitamente) que las denominadas bandas latinas son organizaciones que albergan y favorecen actos delictivos, discriminando negativamente a los miembros de estos grupos.

El pasado martes, agentes del grupo Judicial del distrito de Tetuán detuvieron a cuatro jóvenes dominicanos, pertenecientes a los "Trinity" -escisión de "Dominican don't play", "DDP", rivales de los "latin kings"-, por su presunta implicación en la muerte de Ramón Emilio León Luzón. La víctima, según todos los indicios, no pertenecía a ninguna de estas pandillas. ¿Significa eso que estos delincuentes han ampliado sus objetivos hacia personas no adscritas a ninguna banda? "En ocasiones, sus jefes "venden" entre los chavales que la forman que la agresión que van a cometer responde a una guerra con sus rivales, aunque no sea así", indicaron las fuentes consultadas. (ABC, 9/02/2006)

Nadie puede ser "presunto" autor de un delito. Constitucionalmente, un implicado o sospechoso es presuntamente inocente. Semánticamente, podría ser "supuestamente" culpable. A parte del mal empleo terminológico, el fragmento asocia explícitamente las pandillas latinas con actividades delictivas y marginales, no matizando la información, contribuyendo a la consolidación del tópico de que todos los pandilleros son delincuentes, en una clara operación de reducción de sentido que colabora para la construcción del referido tópico. El hecho de que un individuo cometa un delito, no significa que su grupo social es - en su conjunto - una organización delictiva. Posterior a los meses de enero y febrero de 2006, encontramos casi semanalmente alguna noticia que relaciona actos delictivos con los grupos callejeros juveniles de origen latinoamericana. En reiteradas ocasiones se asocia la supuesta actitud delictiva de éstos con una supuesta impunidad promovida por la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, defendiendo la criminalización de los pandilleros. Por ejemplo:

Una banda juvenil de alicante envía a un chico al hospital tras propinarle una paliza. (El Mundo, 04/03/20006)

Madrid. Latin Kings. La Guardia Civil ha detenido a 16 pandilleros, entre ellos a King Baby Black, jefe de la banda en España (...) La operación de la semana pasada, además, ha sido histórica a nivel judicial, ya que se ha imputado por primera vez a los detenidos el delito de asociación ilícita. Para los investigadores está probado que se trata de un grupo organizado creado con fines delictivos, que comete fechorías para cumplir sus objetivos. (El Mundo, 4/03/2006)

El hecho de que la policía impute a alguien una acusación, no significa que ella sea procedente. Además, no hubo ninguna decisión judicial que determinara que los Latin Kings serían una asociación ilícita. Ese es otro grave ejemplo de vulneración de la presunción de inocencia y de la construcción del tópico mediático de que todos los pandilleros son delincuentes o de que las bandas juveniles latinas tengan por finalidad la delincuencia porque algunos de sus miembros hayan cometido delitos.

El inicio del llamado "Proceso de Barcelona", propicia el surgimiento de otra oleada informativa, sobre las pandillas juveniles latinas, entre mayo y agosto del 2006. Aunque se trate de un proceso de creación de una asociación legal, dentro de los dictámenes democráticos, frecuentemente, al presentarse el hecho, la vinculación mediática de los grupos latinos con hechos violentos, colaborando para la sedimentación de este tópico ha sido frecuente. Algunos ejemplos:

Barcelona legaliza pandillas latinas (...) Reticencias Policiales - La Guardia Civil, en su página web, asegura que las pandillas latinas son delictivas y que su presencia "no es deseada" en España. (El Periódico, 28/05/2006)

La Generalitat de Cataluña reconoce a los "Latin Kings" como una asociación legal (...) Su constitución, como entidad legal permitirá a los "Latin Kings", banda hasta ahora perseguida por la Policía, disfrutar de todos los beneficios de una asociación reconocida (ABC, 10/10/2006).

La oposición pide explicaciones por la legalización de los Latin Kings (...) 'Queremos saber las razones por las cuales el ayuntamiento consideró necesaria la legalización de este grupo que tiene una jerarquía muy estricta y cuyo fundador en España fue condenado por asesinato en Madrid', opinó Forn [líder del partido político Converècia i Unió]

A su vez, en los debates parlamentarios del 2005, es decir, con anterioridad a la presentación del proyecto de Ley de reforma en la LORPM, el entonces Ministro de Justicia, López Aguilar, argumentaba que "la experiencia ha puesto de manifiesto que es preciso reforzar la protección de la víctima del delito cometido por menores, que es preciso introducir la cuestión de la criminalidad organizada juvenil, la delincuencia cometida en bandas organizadas que rampa en las estadísticas de la criminalidad en España" (9)

Sin embargo, las estadísticas de delincuencia del Ministerio del Interior, para el período de 1999-2006 no dan cuenta de un incremento de la delincuencia, mucho menos de la llamada delincuencia juvenil organizada o en bandas, como comprobaron Fernández Molina y Rechea Alberola (2006).

A su vez, a lo largo de la tramitación del Proyecto de Ley que reforma la LORPM, en 2006, cuestionado por el Partido Popular sobre "cuáles son las medidas adoptadas por el Gobierno ante el alarmante incremento de las actividades delictivas cometidas por pandillas latinoamericanas", la respuesta del Gobierno - aceptando la tesis de que las "pandillas latinas" tienen como actividad fin delinquir, resaltó que la reforma de la LORPM era una de las medidas necesarias de "carácter preventivo general y represivo" (10)

Entretanto, la LO 8/2006 de 4 de diciembre, aunque altere las medidas punitivas susceptibles a los jóvenes que cometan delitos en nombre de una banda, organización o asociación, el texto final de la LORPM, en su exposición de motivos (justificación), no es de todo explicita, es decir, no vincula tal hecho con las llamadas bandas latinas o pandillas juveniles. Pero pragmáticamente la vinculación puede ser hecha. Textualmente, el Art. 9.2.c afirma que cabrán medidas de internamiento cerrado a los jóvenes en los casos "de delitos que se cometan en grupo o cuando el menor perteneciere o actuare al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades."

Conclusiones

Las seguidas reformas promovidas en la LORPM, renuncian al carácter resocializador y socioeducativo propuesto en su versión primera, por la LO 5/2000 de 12 de enero, en favor de una mayor carga punitiva. En este rol, la LO 8/2006 de 4 de diciembre no pasa desapercibida. Por lo que toca a nuestro objeto de análisis, ésta ultima reforma - típica de la ideología penal neoretribucionista emergente - rompe con el principio de proporcionalidad al equiparar hechos delictivos distintos con una misma respuesta punitiva, verbigracia el citado Art. 9.2.c. Entendemos que un delito cometido en grupo no podría tener el mismo agravio de aquéllos cometidos por un individuo en nombre de un colectivo ni mucho menos por el sencillo hecho de que él que cometa un acto ilícito pertenezca a una organización, de cualquier índole.

La positivación de una respuesta penal como ésta, al dejar muchos puntos abiertos, cómo por ejemplo qué son las "bandas", "organizaciones" o "asociaciones", deja en manos de los jueces la responsabilidad de interpretar y vincular. La interpretación literal del referido artículo podría hacer que se impusiera la privación de la libertad a un menor que pertenezca a una pandilla juvenil y que haya cometido un delito no grave sin vinculación con su grupo, bajo la argumentación de que éste pertenece a una "banda".

Tales hechos configuran el avance del llamado Derecho penal de autor (Silva Sanchez, 2006), que pune al individuo por lo que "es" y no por los "hechos" que haya cometido, además de reforzar la idea de un "populismo punitivo" (Larrauri, 2006), en el que el profesional de la política promueve determinadas leyes punitivas, de "mano duro", bajo la esperanza de recaudar réditos retóricos y electorales, sin necesariamente trabajar políticas públicas que podrían solventar problemas. Es decir, se privilegia la promoción de leyes penales en detrimento de políticas públicas de integración, por citar un ejemplo.

En definitiva, es importante mencionar el papel que tienen los medios de comunicación respecto a la forma en como los políticos y la sociedad en general abordan el tema de las organizaciones juveniles. El papel de los medios es fundamental a la hora de transmitir a la opinión pública los cambios y transformaciones que va registrando cualquier fenómeno social. Sin embargo, en el caso de estas organizaciones juveniles de la calle, varios medios de comunicación siguen refiriéndose a todos los grupos como "bandas latinas", con toda la carga simbólica negativa que esto representa. Esta forma de abordar el fenómeno está presente en casi todos los medios de comunicación, independientemente de su orientación política, y no contribuye a apoyar a los grupos que han decidido apostar por normalizar su presencia en la sociedad española. Evidentemente si existen jóvenes que han cometido delitos, deben ser juzgados, pero si hay una voluntad colectiva de transformar una organización, es importante no criminalizar a todo el grupo, e incluso a todo el universo de jóvenes latinoamericanos. Es importante resaltar que hasta donde es posible saber, actualmente ninguna de las dos principales organizaciones en España (Latin Kings y Asociación Ñeta) tiene, o ha tenido, una orientación y estructura de banda criminal.

Esta claro que las organizaciones juveniles pueden evolucionar hacia movimientos sociales y culturales, y que en gran parte será responsabilidad de las mismas organizaciones juveniles dar este giro, pero también será fundamental que encuentren los apoyos necesarios para esto en la sociedad de acogida, sea por parte de los medios de comunicación, por los profesionales de la política o por cualquier otro campo social

REFERÊNCIAS

DEARING, J.W, ROGERS, E.M. Agenda-setting. Thousand Oaks (California): Sage, 1996.

FEIXA, C. et.al. Jóvenes 'latinos' en Barcelona. Espacio público y cultura urbana. Barcelona: Anthropos Editorial y Ayuntamiento de Barcelona, 2006.

FEIXA, C., CANELLES, N. De bandas latinas a asociaciones juveniles: la experiencia Barcelona. IN: Educaçao, 30, 1 (61), 2007, pp. 11-28.

FERNÁNDEZ MOLINA, E., RECHEA ALBEROLA, C. ¿Un sistema con vocación de reforma?: La Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. IN: Revista Española de Investigación Criminológica, Número 4, 2006.

FERRAJOLI, L. Garantismo. Una discusión sobre Derecho y Democracia. Madrid: Editorial Trotta, 2006.

GIMÉNEZ SALINAS, E. C. La nueva ley de justicia juvenil en España: un reto para el 2000. IN: Legislación de menores en el siglo XXI: análisis de derecho comparado. Madrid: CGPJ, 1999.

GRABER, D. Crime news and the public. New York: Praeger, 1980.

LARRAIN, J. El concepto de identidad. IN: Revista Famecos. Porto Alegre: EDIPUCRS, N. 21, Ago. 2003.

LARRAURI, E. Populismo punitivo...y cómo resistirlo. IN: Revista Jueces por la democracia, n* 55, 2006.

McCOMBS, M. Estableciendo la agenda. Barcelona: Paidós, 2006.

PEREA, C. M. Pandillas en México, elaborado para la Red Transnacional de Análisis sobre Maras y Pandillas. ITAM: 2006. Disponible en: http://interamericanos.itam.mx/maras/diagnosticos.html [Página consultada el 8/10/07]

PERES-NETO, L. Leyes a golpe de suceso: el efecto de los discursos mediáticos en las reformas promovidas en la LORPM (2000-2003). Bellaterra: UAB, 2007. Disponible en: http://en.scientificcommons.org/ luiz_peres_neto [Página consultada el 07/10/08]

RIVERA BEIRAS, I. Política Criminal y Sistema Penal. Barcelona: Anthropos.

SILVA SÁNCEZ, J.M. La expansión del Derecho penal en las sociedades postindustriales. Montevideo: B de F, 2006, 2* Ed.

SORIANO GATICA, J.P. Adaptación social de las pandillas juveniles latinoamericanas en España: pandillas y organizaciones juveniles de la calle. IN: Revista CIDOB d'Afers Internacionals, No. 81, abril de 2008, pp. 109-137.

URBANO CASTRILLO, E. Estudio Preliminar sobre la responsabilidad Penal de los Menores. Elcano: Aranzadi, 2001, pp. 11-34.

VAN DIJK, T. La multidisciplinariedad del análisis crítico del discurso: un alegato a favor de la diversidad. IN: WODAK, R., MEYER, M., Métodos de análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa, 2003.

Juan Pablo Soriano Gatica

Professor de Relações Internacionais da Universidad Autónoma de Barcelona -UAB/ES

JuanPablo.Soriano@uab.cat

Luiz Peres-Neto

Doutorando em Ciência Política na Universidad Autónoma de Barcelona UAB/ES

luiz.Peres@uab.cat.

NOTAS

* El presente trabajo es fruto de la cooperación entre la Red de Análisis sobre Maras y Pandillas del Centro de Estudios y Programas Interamericanos, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Proyecto de Investigación Tratamiento de los temas penales en los medios de comunicación (subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia - España - con la referencia SEJ2005-08284). Bajo el título "Prensa, delincuencia juvenil y reforma penal: análisis del discurso mediático sobre las pandillas y su respuesta político-criminal", parte del marco conceptual y algunos análisis empíricos expuesto en este artículo fueron presentado oralmente en el Congreso Fundacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) en enero de 2008 en Santiago de Compostela. Los autores agradecen las críticas presentadas en dicho Congreso, esenciales para la elaboración del presente artículo.

(1) A grandes rasgos, la Ciencia penal reserva, en la actualidad, dos modelos de Justicia juvenil o de aplicación de una política criminal para menores (Urbano Castrillo, 2001): a) el modelo de protección o tutelar y el modelo de responsabilidad. El primero, se caracteriza por no ser un modelo judicial en si, puesto que no está servido por jueces y su naturaleza correctora es administrativa, lo que muchas veces puede representar la ausencia de garantías procesales para las partes implicadas en un caso; b) a la par, el modelo de responsabilidad busca equilibrar las medidas sancionadoras, propias del Derecho penal de adultos, con la aplicación de disposiciones educativas que faciliten la reinserción social de los menores.

(2) Sobre el concepto de agendamiento temático o, empleando el término sajón, agenda-setting, véase McCombs (2006).

(3) Sobre el nacimiento del proceso de Barcelona, véase Feixa y Canelles (2007).

(4) Mariano Rajoy en entrevista a El País, en 24/04/2002.

(5) En el caso del grupo de Latin Kings en Madrid, a algunos de sus miembros se les responsabilizó por la muerte de por lo menos cinco personas desde su fundación en 2000 hasta mediados de 2007. Véase Hernández, José Antonio, "Juicio contra los 14 jefes de los Latin King en España por asociación ilícita", El País, 27 abr 2007, p. 34.

(6) Datos presentados por la Dirección de Justicia Juvenil del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, en la conferencia "Jovenes Latinoamericanos en Cataluña, II Jornadas Americat XXI", Museo d 'Historia de Catalunya. Barcelona 9 de Junio de 2006.

(7) Entendemos aquí el concepto de identidad como un proceso de interacciones

simbólicas de un individuo con otros, como expone Larrain (2003). En este sentido, la identidad es consecuencia de un proceso social en el cuál el individuo se construye a si mismo.

(8) El neoretribucionismo penal se caracteriza por la defensa de principios provenientes del "realismo de derechas" de finales de los años 70 del siglo pasado, tales como "mano dura" ante la delincuencia, "tolerancia cero" o la idea de "a partir del tercer delito el individuo debe ser excluido de la vida. Véase Rivera Beiras (2005). A su vez, a rasgos generales, el garantismo penal se caracteriza por la defensa del empleo del derecho penal como ultima instancia, que éste sea mínimo, proporcionando las penas al agravio provocado por el delito y que sea respetuoso con los derechos humanos dentro de un marco constitucional democrático. Sobre el garantismo, véase Ferrajoli (2006).

(9) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, No 112, Pleno y Dip. Permanente de 21/09/2005, p.5662. El presente trabajo es fruto de la cooperación entre la Red de Análisis sobre Maras y Pandillas del Centro de Estudios y Programas Interamericanos, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Proyecto de Investigación Tratamiento de los temas penales en los medios de comunicación (subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia - España - con la referencia SEJ2005-08284). Bajo el título "Prensa, delincuencia juvenil y reforma penal: análisis del discurso mediático sobre las pandillas y su respuesta político-criminal", parte del marco conceptual y algunos análisis empíricos expuesto en este artículo fueron presentado oralmente en el Congreso Fundacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) en enero de 2008 en Santiago de Compostela. Los autores agradecen las críticas presentadas en dicho Congreso, esenciales para la elaboración del presente artículo.

(10) Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados Núm. D-344 de 01/03/2006, p.122. Cabe destacar que el Partido Popular ideológicamente está ubicado a la derecha del espectro político mientras que el Gobierno, hasta la presente fecha encabezado por el socialdemócrata José Luis Rodríguez Zapatero representa la vertiente de izquierdas.
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Title Annotation:DISCURSO E VIOLÊNCIA
Author:Soriano Gatica, Juan Pablo; Peres-Neto, Luiz
Publication:Revista Famecos - Midia, Cultura e Tecnologia
Date:Dec 1, 2008
Words:6696
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